El potencial de desarrollo económico de Italia es muy superior a su tasa de crecimiento anual. La capacidad industrial del país, tanto por cultura como por distribución de la competencia, es similar a la existente en Alemania. ¿Por qué, entonces, Italia posee prestaciones globales inferiores a su propio potencial? La respuesta es muy simple: gran parte del sistema industrial y bancario sigue siendo propiedad del Estado y su gestión se lleva a cabo con criterios políticos; los grandes grupos industriales privados son propiedad de familias y no están configurados, por tanto, como empresas públicas. El sistema de capitalización de las empresas no favorece las grandes inversiones; el Estado deroga sustanciosos recursos (a costa de una deuda impresionante), pero lo hace siguiendo criterios asistenciales o por lo menos ajenos a las reglas del mercado; el sistema institucional que sirve de apoyo a la economía está a nivel tercermundista en cuanto a servicios generales y política presupuestaria. Es decir, Italia es el último país todavía técnicamente comunista: una economía de Estado y, por tanto, un sistema industrial fuertemente ligado a la fuerza de gravedad de la autoconservación de la clase política.

A pesar de estas condiciones, Italia es una gran potencia industrial. Pero si cambiase el sistema político en dirección a una mayor modernidad podría ser 10 veces más eficaz en lo que a desarrollo se refiere. Tal como es, Italia es un despilfarro para Europa; piense el lector cuánto más desarrollo podría haber, por ejemplo, en España si Italia pudiera utilizar a fondo todo su potencial. Pero piense asimismo que esta pregunta no encierra nada de retórica: el desarrollo general de Europa en los años noventa necesita que los países de mayor escala económica tiren al máximo del mercado global. Europa no se construirá si no se instaura, en los próximos 10 años, una altísima tasa de crecimiento a remolque de los países que disponen de la dimensión objetiva para generarlo. Y para conseguir que Italia asuma esta nueva responsabilidad tiene que cambiar su sistema político.

Respecto al segundo punto, hay que recalcar que se ha producido una mutación sustancial en el método de construcción de Europa. Hasta ahora ha funcionado el principio práctico de integrar en el plano político tan sólo aquellos factores que de hecho ya estaban considerados como homogéneos en el plano económico o de la funcionalidad técnica. Ahora ocurre lo contrario: por necesidades objetivas, la integración política debe anticiparse a la económica. En esta situación ya no es posible que la política comunitaria se lleve a cabo con criterios inadecuados, tales como la patética posición imperial de Francia y el Reino Unido, o la huida hacia adelante puramente verbal de Italia, por no hablar de la timidez de España. No se deje el lector engañar por los relatos triunfalistas referentes a los éxitos de la integración europea que a rnenudo escriben aquellos periodistas que se limitan a reproducir los comunicados oficiales.

La creación de la Europa política es un proceso conflictivo, duro y peligroso. Lo es más que nada por la ausencia de un equilibrio de la fuerza política entre los Estados. Alemania está haciendo lo que desea por debilidad de los demás: lo cual no es peligroso porque se trate de Alemania, sino porque una sola nación disfruta de más poder que todas las otras juntas.

A este respecto, Italia tiene un nuevo deber basado en su peso objetivo para contribuir a resolver el problema en sí: actuar como un sujeto político que garantice que el proceso europeo se desarrolle de forma equilibrada. Ahora no lo es, a pesar de haber realizado en el pasado una tarea positiva en la construcción feal de Europa. Hoy en día, de hecho, Italia se engancha a Alemania dentro de una lógica,de súbdito que busca, a cambio, apoyo para la estabilización del clima económico global (de ahí el temor a que los alemanes deslegitimen a la clase política italiana situando a la economía italiana en la zona de baja velocidad, por ejemplo, elevando el valor del marco y provocando, por tanto, que pierdan las elecciones los políticos actualmente en el poder). Para utilizar el potencial de garantía positiva de Italia en el juelo europeo se debe cambiar el sistema político italiano.

Pero, ¿en qué consiste el sistema político italiano? Es simplemente una asociación privada de partidos que, manteniendo muy débil la autonomía del Estado en el plano institucional y un aparato administrativo muy extenso, gestiona el país sobre la base de reglas puramente autoconservadoras, es decir, encaminadas a conservar la propiedad del propio país en manos de los partidos, mediante un sistema público que gobierna e influye incluso en los más mínimos detalles de la actividad económica y social. Se trata de un sistema integrado por una nomenklatura de al menos 1,5 millones de personas que viven de la política, sin saber realizar ningún otro tipo de labor. Constituye un sistema tan grande y grasiento que en vez de convertirse en prisionero de sí mismo (y costar el equivalente al producto interior bruto) obliga a cualquiera a pactar con él. Este paquete de partidos se organiza en torno al centralismo de la Democracia Cristiana, que no es precisamente un partido, sino una confederación de partes ligadas por un pacto de poder.

Sistema aberrante

Este sistema ha permanecido er pie durante casi 45 años mientras existía un partido comunista fuerte, potencialmente capaz de hacerse con el poder, al que era necesario obstaculizar como fuera: así, para evitar el desastre comunista, los italianos, si bien de mala gana, han mantenido vivo -electoralmente- un sistema aberrante, convirtiéndose incluso en cómplices colectivos. Definitivamente, el peligro comunista se ha esfumado. Ya no existen motivos para mantener en pie este sistema político. Por tanto, agradeciéndole haber mantenido a Italia fuera de la tempestad de la guerra fría, este sistema debe acabar, incluso formalmente, restableciendo en Italia tanto la autonomía de la responsabilidad de las instituciones como la legalidad, verdaderos precursores de una nueva Italia aún más útil en el marco de la nueva Europa.

Carlo Pelanda es profesor de Teoría de Sistemas

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 15 de diciembre de 1990

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El potencial de desarrollo económico de Italia es muy superior a su tasa de crecimiento anual. La capacidad industrial del país, tanto por cultura como por distribución de la competencia, es similar a la existente en Alemania. ¿Por qué, entonces, Italia posee prestaciones globales inferiores a su propio potencial? La respuesta es muy simple: gran parte del sistema industrial y bancario sigue siendo propiedad del Estado y su gestión se lleva a cabo con criterios políticos; los grandes grupos industriales privados son propiedad de familias y no están configurados, por tanto, como empresas públicas. El sistema de capitalización de las empresas no favorece las grandes inversiones; el Estado deroga sustanciosos recursos (a costa de una deuda impresionante), pero lo hace siguiendo criterios asistenciales o por lo menos ajenos a las reglas del mercado; el sistema institucional que sirve de apoyo a la economía está a nivel tercermundista en cuanto a servicios generales y política presupuestaria. Es decir, Italia es el último país todavía técnicamente comunista: una economía de Estado y, por tanto, un sistema industrial fuertemente ligado a la fuerza de gravedad de la autoconservación de la clase política.

A pesar de estas condiciones, Italia es una gran potencia industrial. Pero si cambiase el sistema político en dirección a una mayor modernidad podría ser 10 veces más eficaz en lo que a desarrollo se refiere. Tal como es, Italia es un despilfarro para Europa; piense el lector cuánto más desarrollo podría haber, por ejemplo, en España si Italia pudiera utilizar a fondo todo su potencial. Pero piense asimismo que esta pregunta no encierra nada de retórica: el desarrollo general de Europa en los años noventa necesita que los países de mayor escala económica tiren al máximo del mercado global. Europa no se construirá si no se instaura, en los próximos 10 años, una altísima tasa de crecimiento a remolque de los países que disponen de la dimensión objetiva para generarlo. Y para conseguir que Italia asuma esta nueva responsabilidad tiene que cambiar su sistema político.

Respecto al segundo punto, hay que recalcar que se ha producido una mutación sustancial en el método de construcción de Europa. Hasta ahora ha funcionado el principio práctico de integrar en el plano político tan sólo aquellos factores que de hecho ya estaban considerados como homogéneos en el plano económico o de la funcionalidad técnica. Ahora ocurre lo contrario: por necesidades objetivas, la integración política debe anticiparse a la económica. En esta situación ya no es posible que la política comunitaria se lleve a cabo con criterios inadecuados, tales como la patética posición imperial de Francia y el Reino Unido, o la huida hacia adelante puramente verbal de Italia, por no hablar de la timidez de España. No se deje el lector engañar por los relatos triunfalistas referentes a los éxitos de la integración europea que a rnenudo escriben aquellos periodistas que se limitan a reproducir los comunicados oficiales.

La creación de la Europa política es un proceso conflictivo, duro y peligroso. Lo es más que nada por la ausencia de un equilibrio de la fuerza política entre los Estados. Alemania está haciendo lo que desea por debilidad de los demás: lo cual no es peligroso porque se trate de Alemania, sino porque una sola nación disfruta de más poder que todas las otras juntas.

A este respecto, Italia tiene un nuevo deber basado en su peso objetivo para contribuir a resolver el problema en sí: actuar como un sujeto político que garantice que el proceso europeo se desarrolle de forma equilibrada. Ahora no lo es, a pesar de haber realizado en el pasado una tarea positiva en la construcción feal de Europa. Hoy en día, de hecho, Italia se engancha a Alemania dentro de una lógica,de súbdito que busca, a cambio, apoyo para la estabilización del clima económico global (de ahí el temor a que los alemanes deslegitimen a la clase política italiana situando a la economía italiana en la zona de baja velocidad, por ejemplo, elevando el valor del marco y provocando, por tanto, que pierdan las elecciones los políticos actualmente en el poder). Para utilizar el potencial de garantía positiva de Italia en el juelo europeo se debe cambiar el sistema político italiano.

Pero, ¿en qué consiste el sistema político italiano? Es simplemente una asociación privada de partidos que, manteniendo muy débil la autonomía del Estado en el plano institucional y un aparato administrativo muy extenso, gestiona el país sobre la base de reglas puramente autoconservadoras, es decir, encaminadas a conservar la propiedad del propio país en manos de los partidos, mediante un sistema público que gobierna e influye incluso en los más mínimos detalles de la actividad económica y social. Se trata de un sistema integrado por una nomenklatura de al menos 1,5 millones de personas que viven de la política, sin saber realizar ningún otro tipo de labor. Constituye un sistema tan grande y grasiento que en vez de convertirse en prisionero de sí mismo (y costar el equivalente al producto interior bruto) obliga a cualquiera a pactar con él. Este paquete de partidos se organiza en torno al centralismo de la Democracia Cristiana, que no es precisamente un partido, sino una confederación de partes ligadas por un pacto de poder.

Sistema aberrante

Este sistema ha permanecido er pie durante casi 45 años mientras existía un partido comunista fuerte, potencialmente capaz de hacerse con el poder, al que era necesario obstaculizar como fuera: así, para evitar el desastre comunista, los italianos, si bien de mala gana, han mantenido vivo -electoralmente- un sistema aberrante, convirtiéndose incluso en cómplices colectivos. Definitivamente, el peligro comunista se ha esfumado. Ya no existen motivos para mantener en pie este sistema político. Por tanto, agradeciéndole haber mantenido a Italia fuera de la tempestad de la guerra fría, este sistema debe acabar, incluso formalmente, restableciendo en Italia tanto la autonomía de la responsabilidad de las instituciones como la legalidad, verdaderos precursores de una nueva Italia aún más útil en el marco de la nueva Europa.

Carlo Pelanda es profesor de Teoría de Sistemas

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 15 de diciembre de 1990

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El potencial de desarrollo económico de Italia es muy superior a su tasa de crecimiento anual. La capacidad industrial del país, tanto por cultura como por distribución de la competencia, es similar a la existente en Alemania. ¿Por qué, entonces, Italia posee prestaciones globales inferiores a su propio potencial? La respuesta es muy simple: gran parte del sistema industrial y bancario sigue siendo propiedad del Estado y su gestión se lleva a cabo con criterios políticos; los grandes grupos industriales privados son propiedad de familias y no están configurados, por tanto, como empresas públicas. El sistema de capitalización de las empresas no favorece las grandes inversiones; el Estado deroga sustanciosos recursos (a costa de una deuda impresionante), pero lo hace siguiendo criterios asistenciales o por lo menos ajenos a las reglas del mercado; el sistema institucional que sirve de apoyo a la economía está a nivel tercermundista en cuanto a servicios generales y política presupuestaria. Es decir, Italia es el último país todavía técnicamente comunista: una economía de Estado y, por tanto, un sistema industrial fuertemente ligado a la fuerza de gravedad de la autoconservación de la clase política.

A pesar de estas condiciones, Italia es una gran potencia industrial. Pero si cambiase el sistema político en dirección a una mayor modernidad podría ser 10 veces más eficaz en lo que a desarrollo se refiere. Tal como es, Italia es un despilfarro para Europa; piense el lector cuánto más desarrollo podría haber, por ejemplo, en España si Italia pudiera utilizar a fondo todo su potencial. Pero piense asimismo que esta pregunta no encierra nada de retórica: el desarrollo general de Europa en los años noventa necesita que los países de mayor escala económica tiren al máximo del mercado global. Europa no se construirá si no se instaura, en los próximos 10 años, una altísima tasa de crecimiento a remolque de los países que disponen de la dimensión objetiva para generarlo. Y para conseguir que Italia asuma esta nueva responsabilidad tiene que cambiar su sistema político.

Respecto al segundo punto, hay que recalcar que se ha producido una mutación sustancial en el método de construcción de Europa. Hasta ahora ha funcionado el principio práctico de integrar en el plano político tan sólo aquellos factores que de hecho ya estaban considerados como homogéneos en el plano económico o de la funcionalidad técnica. Ahora ocurre lo contrario: por necesidades objetivas, la integración política debe anticiparse a la económica. En esta situación ya no es posible que la política comunitaria se lleve a cabo con criterios inadecuados, tales como la patética posición imperial de Francia y el Reino Unido, o la huida hacia adelante puramente verbal de Italia, por no hablar de la timidez de España. No se deje el lector engañar por los relatos triunfalistas referentes a los éxitos de la integración europea que a rnenudo escriben aquellos periodistas que se limitan a reproducir los comunicados oficiales.

La creación de la Europa política es un proceso conflictivo, duro y peligroso. Lo es más que nada por la ausencia de un equilibrio de la fuerza política entre los Estados. Alemania está haciendo lo que desea por debilidad de los demás: lo cual no es peligroso porque se trate de Alemania, sino porque una sola nación disfruta de más poder que todas las otras juntas.

A este respecto, Italia tiene un nuevo deber basado en su peso objetivo para contribuir a resolver el problema en sí: actuar como un sujeto político que garantice que el proceso europeo se desarrolle de forma equilibrada. Ahora no lo es, a pesar de haber realizado en el pasado una tarea positiva en la construcción feal de Europa. Hoy en día, de hecho, Italia se engancha a Alemania dentro de una lógica,de súbdito que busca, a cambio, apoyo para la estabilización del clima económico global (de ahí el temor a que los alemanes deslegitimen a la clase política italiana situando a la economía italiana en la zona de baja velocidad, por ejemplo, elevando el valor del marco y provocando, por tanto, que pierdan las elecciones los políticos actualmente en el poder). Para utilizar el potencial de garantía positiva de Italia en el juelo europeo se debe cambiar el sistema político italiano.

Pero, ¿en qué consiste el sistema político italiano? Es simplemente una asociación privada de partidos que, manteniendo muy débil la autonomía del Estado en el plano institucional y un aparato administrativo muy extenso, gestiona el país sobre la base de reglas puramente autoconservadoras, es decir, encaminadas a conservar la propiedad del propio país en manos de los partidos, mediante un sistema público que gobierna e influye incluso en los más mínimos detalles de la actividad económica y social. Se trata de un sistema integrado por una nomenklatura de al menos 1,5 millones de personas que viven de la política, sin saber realizar ningún otro tipo de labor. Constituye un sistema tan grande y grasiento que en vez de convertirse en prisionero de sí mismo (y costar el equivalente al producto interior bruto) obliga a cualquiera a pactar con él. Este paquete de partidos se organiza en torno al centralismo de la Democracia Cristiana, que no es precisamente un partido, sino una confederación de partes ligadas por un pacto de poder.

Sistema aberrante

Este sistema ha permanecido er pie durante casi 45 años mientras existía un partido comunista fuerte, potencialmente capaz de hacerse con el poder, al que era necesario obstaculizar como fuera: así, para evitar el desastre comunista, los italianos, si bien de mala gana, han mantenido vivo -electoralmente- un sistema aberrante, convirtiéndose incluso en cómplices colectivos. Definitivamente, el peligro comunista se ha esfumado. Ya no existen motivos para mantener en pie este sistema político. Por tanto, agradeciéndole haber mantenido a Italia fuera de la tempestad de la guerra fría, este sistema debe acabar, incluso formalmente, restableciendo en Italia tanto la autonomía de la responsabilidad de las instituciones como la legalidad, verdaderos precursores de una nueva Italia aún más útil en el marco de la nueva Europa.

Carlo Pelanda es profesor de Teoría de Sistemas

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 15 de diciembre de 1990

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El Pais

1990-12-15

15/12/1990

Europa e Italia

Por el bien de Europa, el sistema político italiano tiene que cambiar. Italia es el último país técnicamente comunista: gran parte de la industria y la banca siguen siendo del Estado, prisionero a su vez de la Democracia Cristiana y sus satélites.

La presidencia italiana de la Comunidad Europea toca a su fin. Pero también está a punto de desaparecer el sistema político que ha imperado en Italia desde 1945. Simultáneamente, se abre un periodo en el cual la construcción de Europa necesitará de un mayor equilibrio de poderes entre los Estados comunitarios.Italia, en relación a Europa, contrae dos nuevas responsabilidades objetivas. Por un lado, contribuir de forma creciente al desarrollo económico europeo aumentando su propia tasa de desarrollo interno y, por tanto, el potencial importador que puede absorber el mercado nacional a favor del resto de la CE. Por otro, contribuir crecientemente en el plano político a contrapesar el poderío alemán y evitar así que la propia CE se transforme, de hecho, en un IV Relch, sin que medie la menor mala intención por parte alemana. Analicemos más detalladamente ambos puntos.

El potencial de desarrollo económico de Italia es muy superior a su tasa de crecimiento anual. La capacidad industrial del país, tanto por cultura como por distribución de la competencia, es similar a la existente en Alemania. ¿Por qué, entonces, Italia posee prestaciones globales inferiores a su propio potencial? La respuesta es muy simple: gran parte del sistema industrial y bancario sigue siendo propiedad del Estado y su gestión se lleva a cabo con criterios políticos; los grandes grupos industriales privados son propiedad de familias y no están configurados, por tanto, como empresas públicas. El sistema de capitalización de las empresas no favorece las grandes inversiones; el Estado deroga sustanciosos recursos (a costa de una deuda impresionante), pero lo hace siguiendo criterios asistenciales o por lo menos ajenos a las reglas del mercado; el sistema institucional que sirve de apoyo a la economía está a nivel tercermundista en cuanto a servicios generales y política presupuestaria. Es decir, Italia es el último país todavía técnicamente comunista: una economía de Estado y, por tanto, un sistema industrial fuertemente ligado a la fuerza de gravedad de la autoconservación de la clase política.

A pesar de estas condiciones, Italia es una gran potencia industrial. Pero si cambiase el sistema político en dirección a una mayor modernidad podría ser 10 veces más eficaz en lo que a desarrollo se refiere. Tal como es, Italia es un despilfarro para Europa; piense el lector cuánto más desarrollo podría haber, por ejemplo, en España si Italia pudiera utilizar a fondo todo su potencial. Pero piense asimismo que esta pregunta no encierra nada de retórica: el desarrollo general de Europa en los años noventa necesita que los países de mayor escala económica tiren al máximo del mercado global. Europa no se construirá si no se instaura, en los próximos 10 años, una altísima tasa de crecimiento a remolque de los países que disponen de la dimensión objetiva para generarlo. Y para conseguir que Italia asuma esta nueva responsabilidad tiene que cambiar su sistema político.

Respecto al segundo punto, hay que recalcar que se ha producido una mutación sustancial en el método de construcción de Europa. Hasta ahora ha funcionado el principio práctico de integrar en el plano político tan sólo aquellos factores que de hecho ya estaban considerados como homogéneos en el plano económico o de la funcionalidad técnica. Ahora ocurre lo contrario: por necesidades objetivas, la integración política debe anticiparse a la económica. En esta situación ya no es posible que la política comunitaria se lleve a cabo con criterios inadecuados, tales como la patética posición imperial de Francia y el Reino Unido, o la huida hacia adelante puramente verbal de Italia, por no hablar de la timidez de España. No se deje el lector engañar por los relatos triunfalistas referentes a los éxitos de la integración europea que a rnenudo escriben aquellos periodistas que se limitan a reproducir los comunicados oficiales.

La creación de la Europa política es un proceso conflictivo, duro y peligroso. Lo es más que nada por la ausencia de un equilibrio de la fuerza política entre los Estados. Alemania está haciendo lo que desea por debilidad de los demás: lo cual no es peligroso porque se trate de Alemania, sino porque una sola nación disfruta de más poder que todas las otras juntas.

A este respecto, Italia tiene un nuevo deber basado en su peso objetivo para contribuir a resolver el problema en sí: actuar como un sujeto político que garantice que el proceso europeo se desarrolle de forma equilibrada. Ahora no lo es, a pesar de haber realizado en el pasado una tarea positiva en la construcción feal de Europa. Hoy en día, de hecho, Italia se engancha a Alemania dentro de una lógica,de súbdito que busca, a cambio, apoyo para la estabilización del clima económico global (de ahí el temor a que los alemanes deslegitimen a la clase política italiana situando a la economía italiana en la zona de baja velocidad, por ejemplo, elevando el valor del marco y provocando, por tanto, que pierdan las elecciones los políticos actualmente en el poder). Para utilizar el potencial de garantía positiva de Italia en el juelo europeo se debe cambiar el sistema político italiano.

Pero, ¿en qué consiste el sistema político italiano? Es simplemente una asociación privada de partidos que, manteniendo muy débil la autonomía del Estado en el plano institucional y un aparato administrativo muy extenso, gestiona el país sobre la base de reglas puramente autoconservadoras, es decir, encaminadas a conservar la propiedad del propio país en manos de los partidos, mediante un sistema público que gobierna e influye incluso en los más mínimos detalles de la actividad económica y social. Se trata de un sistema integrado por una nomenklatura de al menos 1,5 millones de personas que viven de la política, sin saber realizar ningún otro tipo de labor. Constituye un sistema tan grande y grasiento que en vez de convertirse en prisionero de sí mismo (y costar el equivalente al producto interior bruto) obliga a cualquiera a pactar con él. Este paquete de partidos se organiza en torno al centralismo de la Democracia Cristiana, que no es precisamente un partido, sino una confederación de partes ligadas por un pacto de poder.

Sistema aberrante

Este sistema ha permanecido er pie durante casi 45 años mientras existía un partido comunista fuerte, potencialmente capaz de hacerse con el poder, al que era necesario obstaculizar como fuera: así, para evitar el desastre comunista, los italianos, si bien de mala gana, han mantenido vivo -electoralmente- un sistema aberrante, convirtiéndose incluso en cómplices colectivos. Definitivamente, el peligro comunista se ha esfumado. Ya no existen motivos para mantener en pie este sistema político. Por tanto, agradeciéndole haber mantenido a Italia fuera de la tempestad de la guerra fría, este sistema debe acabar, incluso formalmente, restableciendo en Italia tanto la autonomía de la responsabilidad de las instituciones como la legalidad, verdaderos precursores de una nueva Italia aún más útil en el marco de la nueva Europa.

Carlo Pelanda es profesor de Teoría de Sistemas

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 15 de diciembre de 1990

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